EE.UU. aprueba gigantesco presupuesto para la maquinaria bélica
Sectores sociales dentro de Estados Unidos alertan que las prioridades internas —salud, vivienda, educación— continúan desplazadas.
La ley de defensa incorpora mecanismos de presión contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, cuya gestión está bajo escrutinio tras las ejecuciones extrajudiciales de al menos 87 personas desde septiembre por ataques contra embarcaciones civiles en aguas del Caribe. Foto: EFE-Archivo
11 de diciembre de 2025 Hora: 11:57
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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete militar de 900.000 millones de dólares que profundiza la expansión armamentista del Gobierno de Donald Trump, al tiempo que el Congreso incrementa el control sobre operaciones cuestionadas en el mar Caribe y limita los intentos del mandatario de reducir el contingente estadounidense en Europa.
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Con 312 votos a favor y 112 en contra, la Cámara dio luz verde a la versión 2026 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que ahora pasará al Senado, donde se anticipa otro respaldo contundente.
La norma, valorada en 900.000 millones de dólares, incluye un aumento salarial del 3,8 % para las fuerzas armadas, inversiones en infraestructura y nuevas reglas para acelerar la compra de armamento por parte del Departamento de Defensa.
Sin embargo, también incorpora mecanismos directos de presión contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, cuya gestión está bajo escrutinio tras las ejecuciones extrajudiciales de al menos 87 personas desde septiembre por ataques contra embarcaciones civiles en aguas internacionales del Caribe.
El Congreso exige al Pentágono entregar videos sin editar y órdenes operativas sobre estos llamados “boat strikes”, muchos de ellos ejecutados cerca de Venezuela, y condiciona el 25 % del presupuesto de viajes de Hegseth a que entregue toda la información requerida.
Aunque la Casa Blanca expresó “apoyo firme” al proyecto, el Congreso incluyó cláusulas que contradicen la línea de Donald Trump.
La NDAA establece que no puede reducirse la presencia estadounidense en Europa por debajo de 76.000 tropas sin consultar previamente a aliados de la OTAN, ni garantizar que la reducción no perjudica los intereses estratégicos de EE.UU. Actualmente, entre 80.000 y 100.000 militares estadounidenses están desplegados en Europa, principalmente en Alemania, Polonia, Reino Unido e Italia.
La ley también asigna 400 millones de dólares anuales por dos años para asistencia militar a Ucrania, medida que provocó el rechazo de figuras ultraconservadoras como Marjorie Taylor Greene.
El texto fija además un mínimo de 28.500 tropas en Corea del Sur, lo que refuerza el rol de Washington en la península coreana en medio de crecientes tensiones con China y Corea del Norte.
Para varios analistas, se trata de una reafirmación del papel de EE.UU. como poder militar global, incluso cuando Trump ha intentado públicamente reducir compromisos en el extranjero.
Retrocesos internos: recortes climáticos, eliminación de diversidad y vacíos sociales
El proyecto también avanza en la línea más conservadora del trumpismo:
- Recorta 1.600 millones de dólares en programas climáticos, pese a que el propio Pentágono reconoce la crisis climática como amenaza a la seguridad nacional.
- Elimina oficinas y programas de diversidad, equidad e inclusión, con un “ahorro” declarado de 40 millones.
- Suprime la posición de “chief diversity officer”.
Asimismo, fue eliminado del texto un apartado que ampliaba cobertura de fertilización in vitro (IVF) para personal militar, lo que generó fuertes críticas de congresistas demócratas. La NDAA deroga formalmente las autorizaciones de uso de la fuerza de las guerras de Irak y del Golfo, utilizadas durante décadas para justificar intervenciones.
También revierte sanciones contra sectores clave de Siria, argumentando que, tras la caída de Bashar al-Assad, la administración de facto de Ahmed al-Sharaa requiere estabilidad para reconstruir la economía del país.
La presión legislativa sobre el Pentágono está directamente relacionada con las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, donde ataques contra embarcaciones —incluyendo incidentes cerca de Venezuela— han provocado muertes, denuncias internacionales y demandas de información por parte del Congreso.
Estas maniobras coinciden con la incautación por parte de EE.UU. de un petrolero venezolano, acción condenada por Caracas como “piratería internacional” y cuestionada por Rusia y Cuba. Desde Moscú instaron a Washington a “explicar sobre qué hechos actúa”.
Con esta aprobación, el Congreso consolida el avance de una política orientada a mayor gasto militar, más control sobre operaciones exteriores y mayor presión sobre regiones estratégicas como Europa, Asia y el Caribe.
Mientras tanto, numerosos sectores sociales dentro de Estados Unidos alertan que las prioridades internas —salud, vivienda, educación— continúan desplazadas frente a la maquinaria bélica más grande del planeta.
Autor: teleSUR-cc - JDO
Fuente: Agencias
